IEl instrumento: cómo funciona el cheque diferido y por qué es el vector ideal

Para entender ambos casos es necesario partir de un mismo punto: el mecanismo del cheque de pago diferido y su uso legítimo en el sistema financiero argentino. Un cheque diferido es una orden de pago que el librador emite hoy, pero cuyo cobro queda pospuesto a una fecha futura, generalmente entre treinta y trescientos sesenta días. El banco o entidad financiera que lo recibe puede descontarlo anticipadamente: adelanta el dinero al beneficiario hoy, menos una tasa de interés, y espera al vencimiento para cobrarle al librador.

Ese mecanismo de anticipo —el descuento de cheques— es la palanca que explota el fraude en ambos casos. Cuando el cheque no tiene fondos reales detrás, o cuando quien lo emite es una empresa pantalla creada ad hoc para la maniobra, el mecanismo del descuento permite extraer dinero del sistema financiero antes de que el engaño sea detectable. Para cuando el cheque vence y rebota, el dinero ya circuló.

La diferencia entre un cheque garantizado y uno no garantizado radica en quién absorbe el riesgo del incumplimiento. En el mercado de capitales argentino, el segmento NOGA —Negociaciones con cheques No Garantizados— es exactamente eso: el inversor asume directamente el riesgo de insolvencia del emisor, sin respaldo de mercado. A cambio, las tasas de rendimiento son sustancialmente más altas que en las alternativas conservadoras. Es el diferencial de rentabilidad que seduce a quienes buscan rendimiento y el diferencial de riesgo que aprovechan quienes buscan defraudar.

IIEl caso Formosa: el asalto con cómplice infiltrado

La causa que la Cámara Federal de Resistencia cerró el 20 de marzo de 2026 se inició el 19 de marzo de 2024, cuando el gerente de la sucursal Formosa del Banco Nación se presentó ante la Fiscalía Federal para denunciar una deuda millonaria en la modalidad de descuento de cheques de pago diferido. Dos hermanos registraban una deuda inicial de casi 278 millones de pesos en esa modalidad, más descubiertos y otros productos. Era la punta de un iceberg cuyo volumen total se estimaría luego en cerca de mil millones de pesos.

La investigación de la Unidad Fiscal Formosa, con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), reconstruyó una maniobra que operó al menos entre 2022 y 2024 y que la Cámara describe como estructurada en tres etapas claramente diferenciadas:

El engaño tenía un eje que los procesalistas y economistas denominarían punto de infiltración: un ingeniero agrónomo integrante del Cuerpo de Auxiliares Técnicos del Banco Nación fue procesado por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. No era un actor externo al sistema: era la pieza que habilitaba el fraude desde adentro del propio banco, validando una documentación que debía haber cuestionado y que jamás cuestionó.

La Cámara, integrada por las camaristas Patricia Beatriz García y Rocío Alcalá y el juez Enrique Jorge Bosch, rechazó todos los planteos de las defensas y confirmó los procesamientos dictados en noviembre de 2025 por el Juzgado Federal N° 2 de Formosa. El tribunal aclaró el estándar probatorio aplicable en esta etapa: no se requiere certeza absoluta, sino un grado suficiente de probabilidad.

"Los elementos examinados por la jueza de grado lucen concordantes, en un plano de correlación funcional y temporal. Ciertamente, se presentan una serie de indicios reiterados y sólidos que se orientan en sentido convergente y conllevan a sostener que cada uno de ellos habría realizado un aporte funcional a la maniobra a gran escala desplegada." Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia · 20 de marzo de 2026

IIIEl caso BCCH: cuando el cómplice interno era el arquitecto

La Bolsa de Comercio del Chaco —Asociación Civil sin fines de lucro, registrada como ALyC Integral N° 7— opera en el mismo instrumento central: el descuento de cheques diferidos. En el mercado de capitales, ese segmento se denomina NOGA, y su funcionamiento técnico reproduce la misma lógica: el inversor adelanta fondos a cambio de cheques que el librador emitió para ser cobrados en el futuro, asumiendo el riesgo de que no existan fondos reales.

La crisis de la BCCH se hizo pública a fines de enero de 2026, cuando circularon reportes de pérdidas estimadas en 8.000 millones de pesos que afectaron a un conjunto significativo de inversores. El detonante visible fue la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, que reclama la pérdida de al menos 1.800 millones de recursos comunales en operaciones que se extendieron durante casi una década.

El nombre que concentra la anomalía estructural del caso chaqueño es el de un funcionario municipal que reunía en una sola persona tres condiciones que no coexisten inocentemente: era Secretario de Gobierno del Municipio, tenía certificación como Asesor Financiero Certificado (AFC) —obtenida en 2013, acreditando formación específica en análisis de riesgo y mercados de capitales— y desde 2016 actuaba como manager de cuentas en la BCCH percibiendo comisiones periódicas por esa gestión, incluidas las operaciones con fondos públicos municipales que él mismo autorizaba como funcionario.

No hubo un momento en que el sistema funcionara correctamente y después fuera pervertido. La anomalía era constitutiva: la misma persona que debía proteger los recursos del municipio era quien los canalizaba hacia instrumentos de alto riesgo en la misma institución que le pagaba por hacerlo. El dato más elocuente del expediente es el correo electrónico del 2 de febrero de 2026 —días después del estallido público de la crisis— en el que ese funcionario solicitó la suspensión de sus comisiones como manager.

IVEl patrón del NEA: privados y públicos en ambos lados del mostrador

Puesto en perspectiva comparativa, lo que emerge no es una coincidencia sino un patrón. Dos casos, la misma región, el mismo instrumento financiero, el mismo denominador jurisdiccional. Y en ambos, una figura que opera en dos lados simultáneamente: quien debía proteger al sistema era quien lo habilitaba para ser vaciado.

La diferencia conceptual más importante entre los dos modelos no es de magnitud sino de arquitectura. En Formosa, el fraude operó como un asalto desde afuera con cómplice infiltrado: una organización criminal externa construyó el engaño y reclutó o corrompió a un funcionario bancario para que lo validara. El banco era víctima con un punto de infiltración puntual y detectable.

En el Chaco, el modelo es conceptualmente más grave: se trata de un conflicto de interés estructural desde el origen. No hubo momento en que el sistema funcionara correctamente y después fuera pervertido. La persona que debía proteger el patrimonio público —con conocimiento técnico certificado del instrumento que usaba y remuneración de la contraparte— era la bisagra que conectaba los dos lados del mostrador.

La región del NEA presenta en ambos casos la misma estructura de fondo: mercados financieros locales donde la superposición de roles público y privado encontró durante años un ambiente de control regulatorio insuficiente. No son excepciones aisladas. Son datos de un sistema. Análisis editorial · Josías Abregú · Procesos Legales · Marzo 2026

VLa asociación ilícita como respuesta jurídica al fraude organizado

En ambos casos, la fiscalía recurrió al artículo 210 del Código Penal para dar coherencia jurídica al conjunto. La asociación ilícita exige probar tres elementos concurrentes: una estructura organizativa estable, la participación de cada imputado con un rol funcional específico, y la finalidad delictiva común. No requiere que el delito fin se haya consumado: el acuerdo criminal organizado es, en sí mismo, el delito.

La razón por la que este tipo penal resulta especialmente apto para casos de fraude financiero complejo es que permite capturar a quienes participan en distintas etapas de la maniobra sin necesidad de probar que cada uno conocía el detalle completo del esquema, sino que realizó un aporte funcional al conjunto.

La Cámara de Resistencia fue explícita sobre esto al confirmar los procesamientos de Formosa: cada imputado habría realizado un aporte funcional a la maniobra a gran escala desplegada, en un plano de correlación funcional y temporal. Ese criterio —correlación funcional y temporal como evidencia de organización— es exactamente el estándar que la causa chaqueña deberá acreditar para sostener la misma figura en la instancia de juicio.

El mismo tribunal de alzada que confirmó los procesamientos de Formosa es la Cámara que eventualmente revisará las resoluciones del Juzgado Federal de Resistencia en la causa de la BCCH. Esa continuidad jurisdiccional no es un dato menor: el tribunal habrá procesado ya, para cuando llegue el momento, una maniobra de similar naturaleza estructural en la misma región.

VILas preguntas que el sistema todavía no respondió

Ninguno de estos dos casos es el resultado de una crisis financiera imprevista. Ambos son el resultado de sistemas de control que no funcionaron —o que no se quiso que funcionaran— durante períodos prolongados.

En Formosa, la maniobra operó al menos dos años antes de que el gerente del banco tomara la decisión de denunciar. En ese período, los cheques diferidos sin fondos circularon, fueron descontados, y el dinero salió del sistema. La pregunta sobre cuánto tiempo más habría durado el esquema sin la denuncia del gerente no tiene respuesta en el expediente, pero tiene peso.

En el Chaco, la Comisión Nacional de Valores tiene competencia regulatoria y supervisora sobre las bolsas y sobre la operatoria de oferta pública de valores. Si fondos públicos municipales operaron durante años en un segmento de alto riesgo con un manager que era simultáneamente el funcionario que autorizaba esas inversiones, esa anomalía debería haber generado alertas regulatorias. No las generó. O si las generó, no consta que alguien haya actuado sobre ellas.

La pregunta más incómoda que ambos casos plantean juntos es también la más importante: ¿cuántos esquemas similares funcionan todavía? El NEA no tiene ninguna característica estructural que lo haga especialmente propenso a este tipo de fraude. Tiene, en cambio, mercados financieros locales donde la supervisión regulatoria tiene alcance geográfico limitado, donde la superposición de roles es culturalmente más tolerada y donde el peso de las relaciones institucionales puede demorar la denuncia. Eso es un problema de política pública, no de geografía.

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia dio el 20 de marzo de 2026 una respuesta procesal a uno de esos esquemas. Las preguntas sistémicas que el fallo deja abiertas —sobre regulación, sobre control interno, sobre conflictos de interés en el sector financiero regional— no tienen respuesta en ningún expediente judicial. Las tienen, o deberían tenerlas, en las instituciones regulatorias y de control que todavía no las han dado.